El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para resolver finalmente el contrato entre la Administración y la adjudicataria del servicio de seguridad privada en edificios públicos, resolución firmada este mismo miércoles y cuyo efecto provocará que el 1 de agosto pasen a asumir este servicio otras empresas que quedaron por detrás en el concurso público.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno autonómico, Nacho Hernando, en una rueda de prensa donde ha detallado que en los lotes de las provincias de Toledo y Guadalajara será la empresa que quedó en segundo lugar; mientras que en Ciudad Real será la que quedó tercera. Esta resolución ya ha sido comunicada a la Unión Temporal de Empresas -formada por Cyrasa y Sinergias de Seguridad-, empresa que, a juicio de Hernando, “ha pirateado” a la Junta.

Las nuevas empresas, según el portavoz, “se han comprometido a respetar el convenio estatal de las empresas de seguridad, al estar así contemplado expresamente en el pliego original”, algo que no ha hecho la empresa que todavía presta el servicio.

“De esta manera, cumplimos el compromiso adquirido con los trabajadores”, ha dicho Hernando, quien ha achacado a la reforma electoral del Partido Popular en la pasada legislatura la causa por la cual esta empresa ha estado pagando a los trabajadores por debajo del convenio estatal, al contar con uno propio.

En este sentido, ha apuntado que esta misma UTE “ha pirateado a otras administraciones”, como los ministerios de Defensa y Empleo, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona o los gobiernos de Canarias y Madrid.

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