El Gobierno de Castilla-La Mancha pide al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una estrategia de empleo acorde a las necesidades del mercado actual de trabajo y que cuente con el consenso de todas las comunidades autónomas. Así lo ha indicado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, en el marco de la reunión de la conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en Madrid, a la que no ha asistido la ministra del ramo, Fátima Báñez, ha informado la Junta en nota de prensa.

“Queremos que la estrategia estatal cuente con el consenso de todas las comunidades autónomas y los agentes sociales”, ha dicho la consejera de Castilla-La Mancha en declaraciones a los medios de comunicación.

En opinión de la titular regional de Economía, los Servicios Públicos de Empleo han de fortalecerse con Presupuestos Generales del Estado y disponer de una financiación que permita contar con una estructura estable de plantilla, “acorde con la importancia del desempleo en nuestro país y que nos permita converger con la media europea”. Este refuerzo permitiría, según la consejera castellano-manchega, acometer otras medidas o líneas de actuación como la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, o la Agenda del Cambio del Sistema Nacional de Empleo.

Según ha explicado “la estrategia, en definitiva, debería respetar la autonomía de las comunidades en la gestión de sus competencias, renunciar a la imposición de modelos privatizadores e introducir fórmulas plurianuales de gestión que permitan mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo”. En el mismo sentido, la consejera ha pedido al Gobierno que “dialogue y consensue” con los agentes sociales y con las comunidades una verdadera política de empleo, “para asegurar una salida justa de la crisis”.

De los once puntos programados en la reunión de la Conferencia Sectorial sólo en el último, el relativo a la distribución de fondos a las comunidades autónomas, permitía el voto a los representantes de los gobiernos regionales. “Creo que el Gobierno, y en concreto la ministra, nos ha ofertado escasa participación a las comunidades autónomas cuando además tenemos asumidas las transferencias”, ha apuntado a este respecto.

Del guión de la Conferencia tres son, en opinión de Patricia Franco, “los puntos más relevantes”: la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 que el Gobierno pretende aprobar para los próximos cuatro años; el Plan Anual de Políticas de Empleo 2017 y la distribución territorial de los fondos para políticas activas de empleo.

Sobre la Estrategia de Activación, la consejera ha lamentado que tiene muchas deficiencias, que no cuenta con financiación suficiente y que no hace alusión, a los jóvenes desempleados y parados de larga duración, por lo que se ha mostrado esperanzada en su replanteamiento. “Esperamos que esta conferencia sea un punto de inflexión en el consenso y la colaboración institucional necesaria en políticas de empleo del país y que estas sea el cuarto pilar básico del Estado del bienestar”.

Patricia Franco tampoco está de acuerdo con el Plan Anual de Políticas de Empleo, conocido como PAPE, que contempla indicadores “poco solidarios” y ha considerado otras formas de colaboración publica como la que se lleva a cabo en Castilla-La Mancha, reforzando el servicio público de empleo con la entrada de orientadores y técnicos.

Precisamente desde el comienzo de esta legislatura en Castilla-La Mancha se han reforzado las 42 oficinas de empleo de la región con 122 profesionales, (80 técnicos de gestión de empleo y 42 técnicos orientadores de empleo), “porque creemos que un Servicio de Empleo de carácter público y gratuito puede hacer frente mejor a las necesidades de las personas desocupadas”, ha apuntado.

En este orden de cosas, la consejera se ha mostrado contundente al afirmar que el Gobierno de Castilla-La Mancha no da el visto bueno al punto sobre distribución de fondos porque “es la única vía que tenemos para mostrar nuestro desacuerdo y queremos que el Ministerio entienda que las comunidades autónomas somos parte activa en las políticas de empleo”.

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