La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes ha aprobado un gasto de su departamento de 28,1 millones de euros para firmar 98 convenios con ayuntamientos mayores de 3.500 habitantes para poder sufragar sus gastos de servicios sociales en atención primaria.

En rueda de prensa, ha detallado que este gasto se suma a los recientes de 7,3 millones para la ayuda a domicilio en ayuntamientos pequeños y otros 17,2 millones por el mismo concepto para consistorios medianos, lo que eleva el gasto en este ámbito a más de 52 millones de euros para 672 convenios.

Como novedades, Sánchez ha detallado que el gasto de este último convenio es de un 17% más con respecto al último año completo del último Gobierno del PP; además de que se va a simplificar la gestión a la hora de suscribir estos acuerdos con los consistorios.

El 40% del dinero que la Junta destinará a los ayuntamientos se liberará a la firma de los acuerdos; mientras que e 60% restante se liberará mensualmente en seis plazos. Otra de las novedades es que se contratará a 67 profesionales, de manera que el número escala a un total de 677 para cubrir los servicios a prestar en virtud de estos convenios.

De otro lado, la consejera de Bienestar Social ha valorado el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, que revelaba que Castilla-La Mancha era la cuarta región que más había aumentado la cantidad de nuevos beneficiarios de la ley que regula el sector. En este sentido, ha celebrado que la región “ha hecho un esfuerzo importante para incorporar nuevos beneficiarios”. “Hemos pasado en dos años de ser la región número 13 a estar en cuarta posición”.

En cuanto al incremento de personas atendidas con respecto a las personas pendientes de atender, ha señalado que de junio de 2016 a 2017, en el último año natural, “el sistema castellano-manchego pasa a ocupar el segundo lugar, sólo por detrás de Castilla y León”.

“Castilla-La Mancha progresa adecuadamente. Este avance en positivo es mérito en primer lugar de todo el Gobierno con el presidente a la cabeza, que puso en marcha en agosto de 2015 un plan para conseguirlo”, ha querido recordar. Según ha dicho, la media española para atender al cien por cien de los dependientes que esperen su calificación está en 5 años, dato que desciende en el caso de Castilla-La Mancha a los dos años. “Lo importante es que las personas no esperen tanto”, ha apuntado.

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